Primera Parte. El espejismo de la autoridad

El problema de la autoridad política

Una parábola política

Imaginemos que su barrio tiene elevados niveles de criminalidad, por lo que usted y un grupo de vecinos deciden salir y a la caza de los malhechores. Criminal que atrapen, criminal que llevarán a punta de pistola hasta el sótano de su domicilio para encerrarlos ahí. Semanas más tarde de llevar a cabo esta actividad con sus vecinos, deciden pasar casa por casa y recaudar una cuota porque, al fin y al cabo, usted y sus vecinos contribuyeron a reducir los niveles de criminalidad de su barrio. Lo más seguro es que su vecino no le dé ninguna cuota, y esto porque ellos ni enterados del plan anticrimen de usted y su grupo de vecino, a lo que usted replica que si se negara a pagar, entonces usted lo calificaría de criminal e incluso sería llevado al sótano de su casa a punta de pistola como los demás criminales que ahí se encuentra.

Ahora bien: ¿Qué tiene que ver la anterior parábola con la filosofía política? Pues que usted se estaba comportando como una versión rudimentaria del estado, y aunque no llegó a realizar todas las tareas que actualmente se atribuye el estado, “sí desempeñó dos de sus funciones principales al sancionar a quienes atropellaron los derechos de terceros o desoyeron sus órdenes y al recaudar una contribución forzosa para financiar sus actividades Cuando se trata del estado, estas tareas se denominan el aparato de justicia criminal y el fisco; cuando se trata de usted, se denominan secuestro y extorsión”.[1]

¿Qué razones pueden haber para otorgarle al estado este estatus moral que reprobamos cuando lo realizan agentes no estatales?, es decir, ¿por qué determinados “actos que serían tenidos por injustos o moralmente inaceptables de ser emprendidos por agentes privados, serán a menudo considerados como perfectamente admisibles –incluso dignos de encomio- si es el estado quien los lleva a cabo[2]?

El concepto de autoridad: primera pasada

La autoridad política o simplemente autoridad, “es la supuesta característica moral en virtud de la cual el estado puede coaccionar a los individuos de un modo que el resto de personas tiene prohibido y en virtud de la cual los ciudadanos tienen una obligación de obediencia en situaciones en las que no deberían obediencia a ninguna otra persona”[3]. La autoridad, a su vez, comprende:

• Legitimidad Política: el derecho que tiene el estado a dictar leyes y hacer que la sociedad las cumpla por la fuerza
• Obligación Política: la obligación que tienen de obedecer a su gobierno, incluso si en idénticas circunstancias no obedecerían mandatos emitidos por un agente no estatal

Por tanto, el gobierno goza de autoridad cuando “el estado tiene derecho a ejercer el mando y los ciudadanos tienen la obligación de obedecerle”[4].

Acciones y agentes. El requisito de la autoridad.

No hay diferencia esencial entre el accionar de un agente no estatal y el estado en la parábola descrita al principio. Los argumentos posibles para marcar diferencia entre ambos tipos de accionar, como Huemer describe, son:

• Que el justiciero (o agente no estatal) no ofrece un juicio justo a los delincuentes y el estado (en algunos países, sí): lo que se solventa si el justiciero reúne un grupo de vecinos para constituirse en jurado
• Que los agentes estatales castigan a las personas sólo cuando infringen regalas que han sido hechas públicas explícitamente (leyes), en cambio, el justiciero reparte castigos según su propia percepción del bien y del mal: lo que se solventa si el justiciero emite una larga lista que contiene los comportamientos que considera inaceptables, seguido de sus respectivos castigos. Aun así, el accionar del justiciero no sería legítimo, pues por muy explicitas sean sus leyes, la comunidad no lo eligió para ejercer esa tarea, que por el contrario, así se hace en países democráticos cuando la comunidad elige a sus dirigentes.

Y es en este punto donde podemos dar cuenta de la razón por la cual el justiciero no goza de autoridad y los agentes estatales sí: “el justiciero privado no tiene la autoridad necesaria para castigar a los delincuentes ni para recaudar tributos porque la sociedad no se la ha concedido”[5][6]

La importancia de la coacción y el alcance de la autoridad

El argumento que sustenta la legitimidad política “surge de la trascendencia moral de la coacción y la naturaleza coactiva del estado”[7].

Por coacción el autor entiende “el uso o la amenaza del uso de la fuerza física de una persona contra otra”; el estado es una institución coactiva porque cuando dicta una ley, va acompañada de sanciones[8] a imponer a sus infractores. En resumen, la coacción sobre las personas le permite al estado tener legitimidad política.

El concepto de autoridad: segunda pasada

Siendo más precisos, el concepto corriente de autoridad del estado comprende cinco principios:

• Generalidad: el estado está facultado para imponer normas mediante coacción sobre toda la ciudadanía en general
• Particularidad: la autoridad estatal queda restringida a los ciudadanos residentes en su territorio
• Independencia del contenido: el estado está facultado para imponer, mediante coacción, cualquier ley[9] que escoja y el ciudadano estará obligado a cumplirla
• Extensividad: el estado está facultado para dictar normas que afectan a muchas actividades[10] y los ciudadanos tienen la obligación de obedecer dichas normas
• Supremacía: Ningún agente no estatal puede dar órdenes al estado ni tampoco en la misma medida que el estado tiene permitido

Los impuestos ejemplifican a cabalidad la autoridad política del estado[11]

Organización del libro

“La tesis fundamental de la primera parte del libro es que la autoridad política es una fantasía moral. Voy a probarla mediante una crítica de los más prominentes intentos de justificación de la noción de autoridad (capítulos 2-5). Tras analizar estas teorías proseguiré con un examen de nuestra disposición psicológica hacia la autoridad (capítulo 6), en el cual propongo que las justificaciones filosóficas de la autoridad son racionalizaciones de inclinaciones nuestras que carecen de fundamento lógico; en lugar de ello, resultan estar basadas en fuentes muy poco merecedoras de confianza”[12]

[1] Página 6

[2] Página 7

[3] Página 8

[4] Página 8

[5] Página 11

[6] Esta visión del poder será estudiada en un capítulo posterior

[7] Página 11

[8] Sanciones que, en última instancia, vienen acompañadas con el uso de la violencia física, y esto porque, sin su uso, las personas podrían optar sencillamente por no cumplir ninguna sanción. Huemer ejemplifica este punto con diversos casos, por lo que recomendaría su lectura

[9] Evidentemente, si promulga o impone leyes groseramente injustas serán rechazadas por la mayoría y se desobedecerán

[10] Ejemplos de ello, como el autor menciona: términos de los contratos laborales, operaciones con títulos financieros, la manipulación de alimentos, el uso particular de fármacos, la posesión de armas, las exportaciones, las importaciones, etc.

[11] Véase página 18-19

[12] Página 23