En la región, Argentina, Colombia y Uruguay cobran el “Impuesto a la Riqueza”, pero no se compara con el “Impuesto a las Grandes Fortunas” que se aplicaría desde el año próximo:

• Lo que Argentina tiene es un “Impuesto a los Bienes Personales”, es decir, valuado sobre automóviles, bienes inmuebles, créditos, dinero en efectivo, inversiones y otros bienes. Impuesto Anual. Un nuevo impuesto que ya cuenta con media sanción es el “Impuesto a la Riqueza” que sería por única vez para quienes tengan bienes que superen los 200 millones de dólares.

• Colombia tiene un “Impuesto al Patrimonio” para personas naturales, entidades extranjeras, sociedades y sucesiones líquidas con patrimonios netos superiores a 1,5 millones de dólares. Impuesto anual.
• En Uruguay se aplica el “Impuesto al Patrimonio” para personas naturales y jurídicas con activos que además incluyen dinero en efectivo, inmuebles, metales preciosos, vehículos que superen los 105.000 dólares. Sus tasas son en escala progresiva. Impuesto anual.

Por otro lado, en Chile se ha enviado un proyecto al Congreso para crear el “Impuesto a los Súper Ricos”, que vendría a confiscar la riqueza de 6.000 chilenos con patrimonios superiores a los 22 millones de dólares; del mismo modo, en Perú también se ha enviado un proyecto al Congreso que busca crear el “Impuesto a la Solidaridad sobre la Fortuna”, que sería confiscarle la riqueza al 1% de los peruanos.  

Ahora bien, el impuesto a las “Grandes Fortunas” propuesto por el presidente Arce, no será aplicado al patrimonio personal ni a las empresas, sino a quienes tengan un ingreso entre 5 y 10 millones de dólares; además de ello, no será un impuesto que se aplique por única vez (como en Argentina) sino que será anual y permanente.

Lo primero a tener en mente es que los impuestos y/o la deuda pública sirven para financiar el déficit fiscal del Estado, esto es, cuando gasta más de lo que recauda (por impuestos, por ingresos de las empresas estatales, por donaciones, etc.) 

Si lo que se busca es reducir el déficit fiscal sin recortar el gasto, entonces todos los impuestos descritos antes fracasan rotundamente en su objetivo, esto porque su recaudación es mínima. Impuestos de este tipo responden más a un motivo de tipo ideológico, esto es, que se confisque la riqueza de quienes tienen más por el mero hecho de que tienen más.

Lo anterior se demuestra cuando el propio ministro Montenegro estima una recaudación potencial de 100 millones de Bs. anuales, es decir, que de aplicarse, no cubriría ni el 1% del déficit fiscal[1]. ¿A qué responde entonces, el “Impuesto a las Grandes Fortunas?

A nadie le extraña la ideología socialista del presidente Arce, de mentalidad anticapitalista y de aspiraciones igualitaristas. Desear una sociedad próspera y rica es mucho más preferible que jugar a ser Dios y pretender que seamos todos iguales. La confiscación de la riqueza por razones ideológicas no nos vuelve ni nos volverá más ricos ni más prósperos pero sin duda le dará grandes réditos ideológicos al gobierno.

Para la clase política y la intelectualidad anticapitalista, el “Impuesto a las Grandes Fortunas” es de los mejores modos para impartir “Justicia Social”; para los Liberales es una confiscación injusta de la riqueza. Es sencillo hacer caridad con el dinero ajeno, repartir una riqueza que sin esfuerzo se ha conseguido es el negocio de la clase política, y es más que aplaudido por su intelectualidad anticapitalista. Pero la consecuencia final de confiscar la riqueza no genera una sociedad más equitativa: genera una sociedad carente de incentivos e interés propio.

Podrán argumentar que los 100 millones de Bs. confiscados servirían para construir escuelas y hospitales, pero si en realidad esa fuera su urgencia, comenzarían por recortar su gasto en publicidad[2], o su gasto en servicios no personales[3], mucho menos urgentes que la construcción de una escuela o un hospital. No es que falten recursos, es que sobra el gasto, y al gobierno no le interesa debatir al respecto, porque según su ideología socialista, los ajustes de gasto son tachados de “neoliberales”. Prefieren confiscar la riqueza de los bolivianos y seguir gastando en lo que se les plazca. Lo inmoral no es la riqueza, lo inmoral es mantener una clase política parasitaria.

En lugar del discurso demagógico de la “Justicia Social”, de “la equidad”, de una sociedad “más justa” y demás retórica, el gobierno debería enfocarse en ajustar su gasto, puesto que de otra manera, los crecientes déficits fiscales se convierten en deuda, que tarde o tempano terminaremos pagando[4].

No se trata de confiscar la riqueza de las familias. Se trata de recortar el gasto del Estado.

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[1] Cálculo en base al Presupuesto General del Estado de 2020, que no difiere radicalmente del PGE de 2021, del que aún sólo conoce públicamente el Presupuesto Agregado y Consolidado.

[2] Según el PGE 2020, el Ministerio de Comunicación tiene asignado más de 50 millones de Bs. de gasto en publicidad.

[3] Según el PGE 2020, el Ministerio de Gobierno tiene asignado más de 53 millones de Bs. de gasto en “Otros Servicios no Personales” que incluyen partidas como “Gastos de Representación”, “Compensación Costo de Vida”, “Aguinaldo Esfuerzo por Bolivia”, etc.  

[4] Es el problema actual de la Argentina, que por no recortar el gasto en su momento, ya no le alcanzan los recursos para sostenerlo, y ahora debe ajustar a la fuerza para evitar mayores depreciaciones de su moneda y mayores niveles de inflación.