A raíz de la última calificación de crédito que Standard & Poor`s le otorgó a Bolivia, se ha generado un debate, sobre todo entre la agencia califcadora de riesgo y el gobierno de Luis Arce, por tanto, antes de comenzar con el análisis, veamos la clasificación crediticia de largo plazo otorgada por Standard & Poor’s (S&P):
| Calificación | Definición |
|---|---|
| Grado de Inversión | |
| AAA | Capacidad extremadamente fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras |
| AA | Capacidad muy fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras |
| A | Capacidad fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras, pero algo susceptible a condiciones económicas adversas y a cambios en las circunstancias |
| BBB | Capacidad adecuada para cumplir con sus obligaciones financieras, pero más sujeto a condiciones económicas adversas |
| Grado Especulativo | |
| BB | Menos vulnerable en el corto plazo, pero enfrenta una gran incertidumbre ante condiciones económicas, financieras y del negocio que sean adversas |
| B | Más vulnerable a condiciones económicas, financieras y del negocio adversas, pero actualmente tiene capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras |
| CCC | Actualmente vulnerable y dependiente de condiciones económicas, financieras y del negocio favorables, para cumplir con sus obligaciones financieras |
| CC | Sumamente vulnerable; no se ha presentado incumplimiento, pero se espera que sea una virtual certeza |
| C | Actualmente altamente vulnerable de impago y se espera que la recuperación final sea menor que la de obligaciones con calificaciones más altas |
| D | Incumplimiento de pago de obligaciones financieras o violación de una promesa imputada; también se usa cuando se ha presentado una petición de bancarrota o se ha tomado una acción similar |
| Fuente: Standard & Poor`s | |
| * Las calificaciones de ‘AA’ a ‘CCC’ pueden modificarse agregándoles un signo de más (+) o menos (-) para mostrar su posición relativa dentro de las categorías de calificación. | |
Como se mencionó, la calificación corresponde al riesgo crediticio o la posibilidad de que el gobierno actual incumpla en tiempo y forma sus obligaciones financieras o, dicho de otro modo, que por factores que a continuación analizaremos, el gobierno actual no sea capaz de pagar la deuda pública que contrajo. La calificación que S&P le da a Bolivia en su informe es de CCC+ que se ubica en el grado especulativo, es decir, que el gobierno de Arce es “actualmente vulnerable y dependiente de condiciones económicas, financieras y del negocio favorables, para cumplir con sus obligaciones financieras”
La calificación CCC+/- por S&P la tiene sólo Argentina; El Salvador la tenía, sin embargo, debido a su reperfilamiento de deuda de corto plazo mejoró a B-/B. El caso argentino, debido al canje de deuda en pesos del Tesoro argentino, por sus condiciones macroeconómicas muy deterioradas y debido a la incertidumbre política incluso después de sus elecciones, mantienen su calificación de deuda en CCC-/C. El resto de países de la región se mantienen entre A y BBB-.
Retomando el caso boliviano, la calificación baja de B- a CCC+ se atribuye principalmente a la vulnerabilidad externa que se traduce en disminución de las exportaciones y reservas internacionales limitadas; asimismo, el informe también señala el elevado déficit fiscal, la escasa transparencia sobre los activos del banco central y las luchas internas entre el ala arcista y el ala evista lo que provoca un estancamiento político en el Congreso (Asamblea Legislativa Plurinacional), limitando su operatividad.
El debate que generó este informe, generó las siguientes declaraciones por parte del ministro de Economía haciendo hincapié en los problemas políticos mencionados que si, ha venido generando bloqueos en el senado como por ejemplo la aprobación del reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 o que en su momento postergó la aprobación de tres contratos de exploración de hidrocarburos en los departamentos de Chuquisaca, Tarija y Santa Cruz. Sin dudas el problema no ya desde el Congreso sino de manera abierta se viene dando directamente entre el actual Presidente y Evo Morales.
Además de los “problemas políticos” mencionados por el ministro Montenegro, realiza una breve comparativa entre países como Chile y Perú que están en recesión, Colombia con una inflación de dos dígitos y Argentina que como mencionamos enfrente serios problemas macroeconómicos; por otro lado, recalcó que se mantendrá la política de sustitución de importaciones como alternativa a la dependencia de las materias primas pero sobre todo del gas, afirmando que “no tuvo su política hidrocarburífera adecuada en años anteriores” 1 destacando, por otro lado, una inflación estable, un crecimiento económico y un mercado laboral dinámico. En resumen, el ministro Montengro deriva toda la responsabilidad de los resultados de la economía y por tanto, de la calificación de S&P al “bloqueo” o “sabotaje” del Congreso (Asamblea Legislativa Plurinacional).
El Informe de S&P
Comencemos por aclarar que la calificación en cuestión se realizó sobre la deuda soberana de largo plazo en moneda nacional y extranjera que pasó de B- a CCC+, distinta a la deuda soberana de corto plazo en moneda nacional y extranjera que pasó de B a C lo que en resumen nos dice que si las condiciones en el corto plazo no mejoran para la economía, la calidad de su deuda se degradará aún mas, donde el límite es ya el default o impago de la deuda pública. Antes de continuar es necesario aclarar un error que comete el ministro Montenegro al afirmar que Bolivia “…nunca ha dejado de pagar puntualmente, el servicio de la deuda”, lo que sí es cierto, pero el informe se refiere al aumento de riesgo de impago por los factores mencionados al principio.
El informe plantea dos escenarios, uno negativo y el otro positivo:
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Escenario Positivo: la calificación crediticia puede mejorar si así lo hace la confianza en los inversores, lo que a su vez se logra (según S&P) corrigiendo el déficit fiscal y transparentar la información pública. Sobre lo primero, la economía boliviana tiene un antes y un después de 2014, año en que el modelo blindado va perdiendo fortaleza en variables como las reservas internacionales, la deuda pública cuya contracara es el déficit fiscal y un saldo comercial con déficit acumulado desde fines de 2014. Podemos seguir nombrando factores que indican la relantización del modelo actual tales como la inversión extranjera directa (práctimente estancada y decreciendo a partir de 2017), el crecimiento económico (indicador predilecto del ministro Montenegro) que estuvo decreciendo muy por encima de la media del crecimiento de América Latina (desde el 2014). Siguiendo sobre lo segundo, las estadísticas estatales en sitios como el Banco Central de Bolivia (BCB), el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP) o el Instituto Nacional de Estadística (INE) siempre estuvieron desactualizadas; ahora bien, el problema con la transparencia de la información pública a la que se refiere el informe se desde la intervención de Banco Fassil (BFS) y la escasez de divisas que surge por el deterioro de las Reservas Internacionales y la aplicación de medidas contundentes por parte del propio BFS, de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y del BCB. En este sentido, el BCB adoptó una medida de restricción en la divulgación de información pública.
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Escenario Negativo: según S&P, el escenario negativo que S&P plantea en el corto plazo es meramente de tipo político (boicot del ala evista en el congreso contra la sociedad boliviana) y lo llama como “estancamiento político”, que si no se soluciona, se pone en riesgo la liquidez para hacer frente al servicio de la deuda, lo que a su vez “podría plantear riesgos para la estabilidad económica y monetaria”. Aunque el informe no lo aclare directamente en este escenario negativo, sí que hace referencia a la importancia de las divisas para el pago de la deuda externa, que además del boicot evista en el senado, tiene que ver con otros factores como la liberación de exportaciones y el recorte de los subsidios del combustible importado, lo que a su vez está relacionado con el recorte del gasto estatal. Y en este punto, es justamente el recorte del gasto estatal lo que ha venido deteriorando variables como las Reservas Internacionales y la Balanza Comercial, o dicho en otras palabras, el ajuste fiscal que no se dió en 2014 hace que tengamos que debatir sobre la economía a raíz de este informe de S&P. Desde el punto de vista del actual gobierno se ha retomado con fuerza la idea de “industrialización con sustitución de importaciones” que será una suerte de reemplazo en materia de ingreso de divisas por exportaciones de lo que fue la sobre explotación del gas. En resumen, los planes del gobierno actual vienen por industrializar y/o generar mayor valor agregado a las exportaciones estatales sobretodo para superar la dependencia del crecimiento a través de las materias primas y cambiarlo por un tipo de crecimiento más industrial. El problema de la industrialización de corte ceptalista es que no tiene en cuenta factores primordiales como el ciclo económico, los efectos del intervencionismo o la planificación centralizada, que es justamente el tipo de factores que ni el presente gobierno ni el anterior lo tiene asimilado. Por tanto, la política de sustitución de importaciones es nadar contra la corriente, que no implica que “deseo” que no funcione tal política cepalina, sino por el contrario, que sus efectos adversos están a la vuelta de la esquina.
Algo que el informe rescata son los pagos “relativamente bajos del servicio de deuda externa” del país. Para entender la composición del servicio de la deuda pensemos en uno mismo que acude al banco, le aprueban un préstamo donde mes a mes paga cierto monto compuesto principalmente por pagos de capital e intereses.
Posteriormente, el informe hacer refencia al tipo de cambio y es donde coincidimos con el gobierno actual, aunque por diferentes motivos. Sin duda, el tipo de cambio fijo es una suerte de protección de la moneda local frente a gobiernos derrochadores como el actual, que por un lado, mantiene el tipo de cambio fijo con la intención de que no suban los precios internos pero por otro lado, no se da cuenta de que su sobregasto implica un presión sobre la moneda local que se traduce directamente la disminución de las reservas internacionales. Por tanto, sin aliviar el déficit fiscal (sobre todo en materia de subvención o gasto de importación de combustibles) no tiene sentido liberar el tipo de cambio que sin dudas subirá en tanto en cuanto no exista una estabilidad presupuestaria. Desde el punto de vista del gobierno se tiene conciencia de que devaluar implica inflación, pero no se tiene en cuenta las razones por las cuales el BCB devalúa que es justamente déficit fiscal. Un ejemplo claro de esta problemática es el caso argentino, que llegó al extremo de gastar tanto, que en los mercados internacionales dejaron de prestarle, luego acudió al FMI para solventar su gasto pero no le bastó con lo que acudió a su Banco Central con lo que creó su propio circulo vicioso de inflación-devaluación de su moneda. Por tanto, una flexibilización cambiaria como propone S&P no es adecuada cuando existe un sobregasto o, dicho de otra forma, por mucho que el informe esté a favor de la liberación del tipo de cambio, mientras exista presión sobre el dólar por causas intervencionistas como la subvención del combustible, la liberación incrementará constantemente el tipo de cambio.
Los Factores Clave de S&P
Como cualquier otro indicador compuesto, S&P se compone de ciertos factores o variables a partir de los cuales genera su calificación crediticia, es decir, no existen indicadores simples o compuestos perfectos u objetivos. Dicho esto, existen aproximaciones por las cuales se permiten evaluar perfiles económicos, y en este caso, perfilar calidad de deuda estatal. Por ejemplo, si un banco le presenta una propuesta de microcrédito a un analista de riesgos el mismo se encarga de evaluar los ratios financieros de su balance, sus garantías, el sector financiero donde desempeña sus actividades, su historial crediticio, su capacidad de pago y su flujo de caja, entre otros factores. Lo que digo es que no existen ratios ni variables perfectas que sean infalibles al momento de evaluar la probabilidad o posibilidad de impago de mi deudor de microcrédito, pues cada banco o entidad financiera conserva su propia metodología de analisis partiendo claro, desde una cierta base. Ahora bien, la agencia calificadora de riesgo S&P se guía de los siguientes factores de calificación crediticia:
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Evaluación Institucional:
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Evaluación Económica: basado en el PIB per cápita (USD) y las tendencias de crecimiento económico. Por tanto, es falso que el informe no tome en cuenta el crecimiento económico, y no sólo lo tiene en cuenta, sino que sus indicadores económicos están compuestos por seis indicadores que tienen que ver con el PIB incluyendo su crecimiento.
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Evaluación Externa: basado en indicadores de deuda externa neta, su volatilidad en términos de comercio, costo o acceso al financiamiento externo y el peso que le causa a la economía boliviana el boicot del ala evista y su bloqueo a la aprobación de normas, decretos, leyes, etc.
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Evaluación fiscal (ajuste y desempeño): según el informe y sus indicadores, se refiere a la baja del gasto estatal.
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Evaluación fiscal (servicio de deuda): basado en el cargo de los intereses del gobierno general (a menor carga, mayor ponderación dentro de la calificación)
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Evaluación Monetaria: la independencia del BCB fue violada por los préstamos a las empresas estatales, lo que corrompe el rol de un Banco Central independiente, lo que no está tan claro para el informe pero sí que tendrá consecuencias de haber financiado a mansalva a las empresas estatales por capricho político.
¿Que rescatamos del informe de S&P?
El informe de S&P contempla de manera clara el crecimiento económico, la inflación y el desempleo, por tanto, las afirmaciones del ministro Montenegro son falsas, pues claro que pondera variables como el crecimiento económico, la inflación y el empleo. Muy diferente es que sigamos postergando lo que tenemos en frente.