“Todo lo que obtenemos, aparte de los dones gratuitos con que nos obsequia la naturaleza, ha de ser pagado de una u otra manera. Sin embargo, el mundo está lleno de pseudoeconomistas cargados de proyectos para conseguir algo por nada. Aseguran que el Gobierno puede gastar y gastar sin acudir a la imposición fiscal, que puede acumular deudas que jamás saldará puesto que «nos las debemos a nosotros mismos».”
Henry Hazlitt, Economía en una Lección.
Justificar que se incremente el salario mínimo en caso de incrementarse el crecimiento económico es tener el punto de vista equivocado. Creer que parte de la burocracia estatal pueda conocer todos los efectos derivados de un incremento del salario mínimo es, por lo menos, ingenuo, pero no tanto como pensar que esta parte de la burocracia que fija los salarios sean una clase de personas distintas al resto de la sociedad por preocuparse por la “justicia social”.
Eso no pasa en niguna parte del mundo, mucho menos en Bolivia, donde la sociedad vive politizada y más ahora que las elecciones presidenciales están a la vuelta de la esquina. En realidad, el incremento del salario mínimo es parte de la demagogia puesta en práctica por el partido del MAS, que por el momento es apoyado por la cúpula de alcahuetes de la COB. Pero retomemos el análisis.
La variable más importante para incrementar el salario de los trabajadores es el capital invertido en el país, se trate de inversión extranjera como de inversión privada interna, pues es la productividad marginal del trabajo y no los decretos estatales lo que tiende a incrementar el salario, y para ello la inversión es de suma importancia.
En materia de Inversión Extranjera Directa (IED) nos encontramos con el siguiente panorama:
La IED en Bolivia en 2022 fue menos del 1% del PIB, muy lejos de lo que se inviritó en Chile (9.61% de su PIB), Perú (4.25% de su PIB) e incluso Argentina (2.12% de su PIB) con todas las dificultades macroeconómicas que arrastra desde hace mucho tiempo tuvo mayor IED que el país.
Por como está compuesta la inversión en Bolivia, poco más de la mitad de la IED se encuentra en el gas y las minas, sectores que de no ser privatizados, es difícil que generen sostenibilidad a largo plazo. De lo contrario, es decir, si siguen en manos del Estado, sólo se utilizarán como botín y para tener poder político por el gobierno de turno: claro ejemplo es cómo terminó el gas y será lo mismo con el litio.
La IED en agricultura es ínfima pese a todo el potencial que tiene el país; contrariamente al ciclo económico reflejado en el precio de las materias primas, la IED en la industria manufacturera a repuntado desde el año 2015, representando el 22.75% del total.
Además de la IED, la “Formación Bruta de Capital Fijo” (FBKF) es un indicador relacionado con la inversión interna. Nuevamente, comparando la FBKF con los países vecinos, Bolivia ocupa tiene el más bajo porcentaje en relación a su PIB (17%); Chile (25%), Perú (24%) y Argentina (18%) a 2022.
Los niveles de IED como de FBKF son bajos en comparación con los países vecinos (Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Peru) y el hecho de que los sean nos indica que la economía boliviana, al no atrear IED ni tener mejores niveles de FBKF que las economías vecinas, no tiene la capacidad por sí misma de mejorar la productividad de los trabajadores y por tanto de los salarios. El hecho de que el gobierno suba los salarios por decreto no hace más que empeorar la competitividad de las empresas del país fomentando al mismo tiempo la informalidad de los trabajadores.
Volviendo al tema del salario mínimo, las consecuencias de incrementar el salario mediante decreto, deja de lado una cuestión importante como su productividad, que se incrementa con inversiones, y puesto que la IED y la inversión privada interna han tenido una participación mínima en comparación con los países vecinos, incrementar el salario por decreto reduce la competitividad empresarial, genera desempleo, desincentiva la inversión y, sobre todo en nuestro país, aumenta la informalidad de los trabajadores que según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en 2022 representa el 85% en la ocupación total.
Por tanto, la intención de los burócratas y sindicatos que gobiernan el país, por muy “noble” que pueda ser, termina perjudicando a los propios trabajadores, donde gran parte de ellos, además de verse perjudicados en la contratación por parte de las empresas fruto del costo laboral por debajo de sus productividades, los relega a la informalidad.
Sin embargo bien sabemos que en nuestro país, los políticos de turno y los sindicalistas siempre han velado por sus propios intereses, esto es, mantener su cuota de poder para vivir a costa de la sociedad boliviana.
Incrementar el salario por decreto no mejora las condiciones de vida de los trabajadores: atraer inversión extranjera y promover inversión privada interna sí.