La promulgación del Decreto Supremo 5503 reavivó un viejo fantasma en la política económica boliviana. Para algunos sectores, se trata de un “paquetazo neoliberal” comparable al DS 21060; para otros, de una medida necesaria para evitar un deterioro mayor. La pregunta es inevitable: ¿este decreto representa un cambio real de rumbo o es apenas un intento de administrar una crisis que el propio Estado creó?
El punto de partida es claro. El despilfarro estatal, la corrupción estructural y la subvención al combustible nos han llevado a un punto crítico. Bolivia necesita cambiar sus reglas de juego. De lo contrario, el modelo socialista del MAS —que ya mostró sus límites— continuará reproduciendo los mismos resultados. Las últimas elecciones lo confirmaron: con Morales habilitado o no, el rumbo económico habría seguido deteriorándose, tal como viene ocurriendo desde 2014 y como el gobierno de Arce ha sostenido.
Estabilización macrofinanciera: el problema de los dólares
El decreto reconoce implícitamente el problema central de la economía boliviana: la escasez de dólares. Sin divisas, no hay estabilidad cambiaria ni control sostenible de la inflación.
En ese marco, se plantean medidas de estabilización macrofinanciera. En primer lugar, la estabilización de la balanza de pagos. La balanza de pagos registra la entrada y salida de dólares de un país y refleja su capacidad real de sostener intercambios con el exterior. Mediante el Artículo 5 del decreto, se autoriza de manera excepcional al Banco Central de Bolivia a endeudarse para evitar una crisis en este frente. Se trata, en esencia, de ganar tiempo, no de corregir el desequilibrio de fondo.
A ello se suma la atracción de inversiones, mediante la promesa de seguridad jurídica, previsibilidad regulatoria y trato no discriminatorio. El decreto también ofrece estabilidad tributaria —no cambiar las reglas impositivas— y una reducción de la burocracia para proyectos considerados estratégicos, como minería, hidrocarburos, agroindustria, energía, infraestructura logística y manufactura exportadora. El problema es que la seguridad jurídica no se decreta: se construye con reglas generales, estables y creíbles, no con beneficios excepcionales.
La repatriación de capitales completa este bloque. Salvo actividades claramente ilícitas, los capitales que ingresen al país estarán exentos de sanciones e infracciones tributarias. El mensaje es revelador: primero se expulsa al capital con controles y arbitrariedad; luego se lo invita a volver para evitar el colapso cambiario.
En resumen, el gobierno reconoce que necesita dólares para estabilizar el tipo de cambio y reducir la inflación. Pero confunde el síntoma con la causa: los dólares no llegan por decreto, sino cuando existen incentivos para producir, invertir y exportar.
Reactivación económica y desregulación productiva: un alcance limitado
Una vez abordado el problema de las divisas, el decreto avanza hacia medidas de reactivación económica y desregulación productiva. En el plano tributario y aduanero, se apuesta a incentivos fiscales y a la promoción de nuevas empresas. Sin embargo, el diagnóstico vuelve a ser incompleto.
En Bolivia, la principal carga que enfrentan las empresas no es únicamente tributaria. Es la burocracia excesiva, los trámites administrativos y un régimen laboral rígido que encarece la contratación formal. Nada de esto se modifica de manera sustancial; el núcleo del problema permanece intacto.
También se elimina el requisito de autorización previa para importaciones, con el objetivo de agilizar el comercio exterior, y se liberalizan las exportaciones agropecuarias y agroindustriales. Más allá de que estas medidas sean positivas, su motivación es clara: fortalecer las reservas internacionales y contener la inflación, no liberar plenamente el comercio.
Sistema financiero y conflicto social
El decreto incluye además diferimientos crediticios para vivienda social, sector productivo y microempresas por un plazo de seis meses. Estas medidas buscan aliviar tensiones de corto plazo, pero no resuelven la fragilidad estructural del sistema financiero en una economía estancada.
El punto más conflictivo del DS 5503 aparece en el Título VI, referido a la estabilización de precios, combustibles y energía. Aquí se concentra gran parte del rechazo social. El precio del GNV continuará subvencionado, lo que previsiblemente generará mayor desabastecimiento local. En cuanto a los derivados del petróleo, se mantienen precios máximos —con excepción del GLP—, lo que implica una liberalización parcial que no elimina el control de precios.
Como medida de contención social, se incluyen políticas orientadas a proteger los ingresos familiares, principalmente a través del acceso al combustible y la implementación de bonos. Finalmente, se habilitan auditorías exprés y procedimientos simplificados para evaluar el uso de recursos públicos, con el objetivo declarado de reducir la burocracia, aunque concentrando mayor discrecionalidad en el control estatal.
Conclusión: el costo de lo “barato”
En mi opinión, existe un revuelo exagerado en torno al Decreto Supremo 5503. No estamos ante un ajuste liberal ni ante un cambio estructural del modelo económico. El decreto busca, ante todo, evitar una crisis inmediata y preservar el poder adquisitivo en el corto plazo, no reducirlo.
El problema es que intenta hacerlo manteniendo el esquema de subvenciones. Y eso es insostenible. Un Estado sin dólares no puede seguir pagando un bien importado —como el combustible— a un precio artificialmente bajo sin quebrar.
Durante años, el gobierno del MAS acostumbró a la población a pagar menos de lo que las cosas realmente cuestan. Hoy enfrentamos dos caminos: volver a lo mismo hasta el colapso, o aceptar de una vez que lo regalado, en economía, siempre termina saliendo caro.